Hace años que la patronal española venía mostrando una acusada propensión a los acuerdos en el marco del diálogo social. El beneficio que a la clase empresarial le ha reportado ese modo de proceder de sus representantes orgánicos (que hay que suponer mimetizaban el sentir general de sus asociados), fue inmenso. Medido en términos de cuenta de resultados, que es lo verdaderamente significativo, la evolución de los dividendos empresariales dio lugar a una recaudación del Impuesto de Sociedades que, en los últimos cuatro años (2004-2007), creció a una media del 20% anual y una mediana del 25%. Los salarios medios se comportaron moderadamente, tanto que en el mismo período se incrementaron en un 10,3 % frente a una tasa de inflación que creció un 11%. La primera consecuencia fue palmaria: en la distribución funcional de la renta los salarios se rezagaron respecto a los excedentes empresariales. Vivíamos entonces momentos expansivos y felices, y los cielos estaban despejados.Pero cambió el clima y sobrevino la tormenta, la explosión de las burbujas generó una crisis financiera que dio paso a la recesión económica. Unos años antes, algún empresario de renombre mundial había escrito, alentado por la extraordinaria bonanza de la coyuntura, sobre El Declive de la Soberanía (naturalmente, del Estado). Un empresario que, por cierto, pocos años después, tuvo que asistir al lanzamiento de un salvavidas de 45.000 millones por parte del Gobierno norteamericano (que seguía siendo soberano a su pesar) para rescatar a su compañía de la quiebra. También aquí, en nuestro país, algún empresario, reconocido como eficiente cazador de rentas en el sector químico, y que luego ejerció como ministro de la cosa, ante las inevitables operaciones de salvamento mostró su resignación confesando que, no obstante, tales intervenciones le provocaban una inevitable “repugnancia intelectual”.
Pues bien, en este entorno de aceptación resignada por parte de las derechas de las masivas intervenciones del sector público, aquí, entre nosotros, surge la disidencia española. Se predica la austeridad y la reducción de impuestos (se supone que fundadas en la teoría de Laffer de que menos es más). Que si los que retroceden son los tipos impositivos, lo que avanzará será la recaudación de los tributos. Unas teorías que aplicadas en la era Reagan condujeron al endeudamiento masivo y al retroceso social. La CEOE, sin embargo, matiza mucho esa posición y la subvierte porque evidentemente no rechaza los estímulos fiscales. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo rechazar el Plan E? ¿Cómo no apoyar el incentivo a la compra de automóviles? ¿Qué intereses representaría entonces?
Lo que la patronal hace para reventar el posible acuerdo es plantear dos cuestiones que vienen de lejos, de muy lejos. Casi de los albores de nuestra historia en democracia. Son dos cuestiones que afectan a la clase empresarial de modo muy directo porque llegan directamente a la cuenta de resultados y reducen costes de modo manifiesto. Es por ello que la CEOE aprovecha las condiciones del momento (minoría parlamentaria del Gobierno) para llevar las cosas a su extremo: ahora o nunca, el momento es éste. Esa es la estrategia patronal. Y, claro está, rompe la negociación. Los motivos del desacuerdo son sobradamente conocidos: descausalización, desjudizialización, abaratamiento del despido, y reducción de cinco puntos en las cotizaciones sociales. Es decir, quiere un acuerdo social, a la vez que dinamita el Pacto de Toledo vigente desde 1994.
Quienes desde el exterior de las negociaciones apoyan la posición patronal dicen no comprender ni la actitud gubernamental, ni la sindical. La gran mayoría de esas opiniones dan a entender que la relación entre los contratos indefinidos y el coste de rescisión de estos es una relación claramente inversa. En definitiva, que abaratar el despido conducirá a un incremento de la contratación. Pero, eso, en realidad, es pura ideología. Muy respetable, eso sí, pero pura ideología. Porque por más que a la CEOE lo niegue, su posición está en perfecto maridaje con la del PP y ambas en dirección contraria a la que apuntan los tiempos: en lugar de políticas de estímulo de la demanda (incremento de la demanda efectiva aún a costa del endeudamiento), se inclinan por políticas de fortalecimiento de la oferta (reducción de impuestos o cotizaciones sociales y reforma laboral).La reducción de cotizaciones a la Seguridad Social tiene como propuesta un poco más de enjundia. Esa proposición, lisa y llanamente, es contraria al Pacto de Toledo que en su Recomendación Primera habla de la separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Tras de ella sólo puede haber dos pretensiones. Una, provocar un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de 20.000 millones de euros. Dos, proponer después (que aún no lo han hecho) la sustitución de los ingresos a los que se renuncia por un aumento del tipo impositivo del IVA. La CEOE se defiende aduciendo que el propio Presidente del Gobierno contravino el Pacto de Toledo cuando anunció que no dejaría en quiebra a la Seguridad Social. Pero la falacia del argumento es total: Zapatero no puede asistir impasible al desmoronamiento de la Seguridad Social, ni al de la banca, ni al del sector del automóvil. Parece lógico porque forma parte de sus obligaciones. Lo mismo no se puede predicar ni de las intenciones, ni de la responsabilidad de la CEOE, sino todo lo contrario. La patronal ataca los fundamentos de la viabilidad financiera de nuestro sistema de protección desviando al mismo de la contributividad que justifica la separación de las fuentes de financiación. Con esas propuestas la patronal desvela su preferencia por un sistema de pensiones similar al británico: pensiones para todos… pero bajas. Y a partir de ahí un sistema privado de capitalización.
En fin, qué se le va a hacer. La estrategia del ahora o nunca ha conducido a la pérdida de uno de los mejores activos de los que disponía la economía española: el diálogo social. Una de las explicaciónes plausibles de este desencuentro se puede encontrar en un artículo publicado recientemente (Angel Ubide, Negocios, 2.08.08) en el que su autor mostraba su incomprensión al rechazo de la reforma laboral preguntándose si quienes la rechazan saben algo que la profesión económica no sabe. En ese texto el autor utilizaba el término profesión económica para referirse a él mismo, al grupo de los 100 economistas famosos, al FMI, al Banco Mundial y a la OCDE. Curiosamente a los 700 que se oponen los denominaba personas. Y, sin embargo, su interrogante tiene sentido, y respuesta. Quienes rechazamos esas políticas no nos hemos olvidado del Consenso de Washington, una convergencia de ideas que podría ser, sin atisbo alguno de exageración, mutatis mutandis, el autor intelectual de lo que nos está pasando a nivel mundial. Y todo esto para qué. Pues para que quienes defendieron con ahínco aquella convergencia de ideas tengan ahora que reconocer que “el Consenso de Washington transmitió al mundo que los mercados abiertos y la desregulación resolverían sus problemas. Ahora los precios de las casas americanas están cayendo más rápido que durante la Gran Depresión, la gasolina está más cara que durante los setenta, los bancos se encuentran en situación de colapso, el euro arroja arena a la cara del dólar, el crédito es escaso, la recesión y la inflación amenazan la economía, la confianza de los consumidores es una entelequia y los belgas acaban de comprar Budweiser, “la cerveza Americana”. (Editorial de The Economist July 26th, 2008). En definitiva que ésta es una cuestión ideológica que tan sólo las urnas pueden dirimir.
Y pese a todo, pese a incoherencias y contradicciones respecto a posiciones del pasado remoto y del reciente, nuestra patronal sigue insistiendo en sus viejas obsesiones: reducir los derechos sociales, demandar el apoyo público a los sectores en dificultades y al tiempo reclamar la mengua de impuestos y de cotizaciones sociales. Es una lástima que este sea el final de algo que pudo ser y no fue. Más lastimoso aún es que la patronal haya abierto un paréntesis (Ferrán dixit) en sus creencias neoliberales y que lo haya cerrado tan abruptamente para regresar a las ideas de siempre. Estoy convencido de que todas esas idas y venidas a las que los ciclos someten a los neoliberales se podrían evitar. Si yo fuera empresario… sería socialdemócrata.
Javier Fernández, Secretario General de la FSA-PSOE
